Declaraciones

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DECLARACION ABOGADOS PRO VIDA

Ante el fallecimiento de la niña jujeña, a quien el amor de todo un pueblo dio el nombre de Esperanza, esta Asociación de Abogados por la Vida de la provincia de Santa Fe DECLARA:

- Que el nacimiento prematuro de la menor se dio en el marco de una aventurada, ilegal, ilegítima e inhumana decisión de inducir el parto, a sabiendas de la escasa posibilidad de la niña de continuar con vida, dada la inmadurez de la gestación;

- Que tal decisión violentó normas de carácter constitucional, tratados internacionales, el Código Penal, el Código Civil y Comercial, la Ley de Derechos del Paciente, etc., y por sobre todo, vulneró el derecho humano fundamental, el cual es el derecho a la VIDA;

- Que en tales actos existe, sin duda, una cadena de responsabilidades de índole penal y civil, ante las cuales EXIGIMOS al Poder Judicial de la Provincia de Jujuy se avoque a la inmediata investigación de los hechos, y se llegue, luego del debido proceso legal, a la condena de los responsables directos e indirectos;

- Que, asimismo, surge de forma meridiana la existencia de un responsable político de esta muerte, el cual es el gobernador de la Provincia GERARDO MORALES. En consecuencia, exigimos la renuncia del mismo, sin perjuicio de solicitar por los mecanismos constitucionales pertinentes su juicio político y consecuente destitución.

- Que exigimos la derogación de los Protocolos ILE, de los cuales hemos denunciado oportunamente su manifiesta ilegalidad e inconstitucionalidad.

- Por último, y como profesionales del Derecho, manifestamos nuestra voluntad inquebrantable de continuar trabajando para que se cumpla con nuestro sistema jurídico, el cual es esencialmente respetuoso de la VIDA HUMANA.

Provincia de Santa Fe, 23 de Enero de 2019

DECLARACIÓN DE ABOGADOS POR LA VIDA SANTA FE EN RELACIÓN AL PROYECTO DE CREACIÓN DEL REGISTRO PROVINCIAL DE OBJETORES DE CONCIENCIA EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

En virtud de haber tomado estado público la presentación de un proyecto de ley de creación del “Registro Provincial de Objetores de Conciencia en el ámbito de la Salud”, nuestra Asociación expresa su firme repudio por las razones que seguidamente se expresan.

Existe un enfoque de base que presenta un erróneo encuadre jurídico del derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud. En efecto, el proyecto parte equivocadamente de considerar la posibilidad de que dichos profesionales (enfermeros, médicos, etc.) se vean exceptuados de realizar prácticas que contraríen sus convicciones morales y/o religiosas como una concesión graciosa del poder estatal, lo que contradice la caracterización que la jurisprudencia viene reconociéndole desde hace tiempo, como un verdadero derecho humano de toda persona que debe ser tutelado por el Estado. Por tanto el derecho a ser objetor de conciencia es un derecho que, como tal no puede ser reglamentado como una concesión estatal, sino reconocido en su justo alcance.

El proyecto no lo dice expresamente, pero a cualquier persona familiarizada con la salud pública provincial no le es un dato ajeno, que la inmensa mayoría de los profesionales de la salud, que cotidianamente y muchas veces en circunstancias adversas, dejan todo por realizar profesionalmente su servicio a los pacientes y la comunidad, no están dispuestos a, por ejemplo, realizar un aborto, esterilizar a simple demanda u ofrecer anticonceptivos de emergencia sin mayor análisis del caso puntual, precisamente porque siendo médicos saben perfectamente lo que ello significa. En otras palabras, la inmensa mayoría de los agentes de la salud pública vienen manifestando su negativa a llevar a cabo dichas prácticas.

El proyecto que repudiamos, partiendo de premisas ideológicas contrarias a las que sustentan nuestra asociación parece confundir las prioridades en Salud y considera casi como delincuentes a quienes en definitiva quieren ejercer la medicina sin coacciones por parte del poder estatal.

En el particular caso de los supuestos de abortos no punibles (art.86 C.P.), demás está decir que es de aplicación la máxima según la cual “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda”, razón por la cual siendo el aborto un delito penal en nuestra actual legislación, independientemente de los dos supuestos de no punibilidad que claramente pueden ser practicados por un “médico diplomado” sin consecuencias penales, no puede un proyecto invertir los términos y generar una obligación legal a aquellos que por sus convicciones no desean realizarlo, para que se “inscriban” en un registro de objetores, ya que realizar un aborto no constituye obligación alguna exigible para la generalidad de los profesionales de la salud.

Por último. la exigencia del proyecto para que quienes sean jefes de servicio no podrían ser objetores implica en los hechos un mensaje tácito que contradice toda lógica y sentido común, mensaje según el cual quienes por sus convicciones no estén dispuestos a realizar abortos verían desvanecerse toda posibilidad de ascenso en la función pública, y obligados a integrar una suerte de “lista negra” de las que los argentinos tenemos tiste recuerdo y que nos remite a los capítulos más oscuros de nuestra historia.

Rosario, Octubre de 2019

REPUDIO AL PROYECTO DE ADHESION AL PROTOCOLO NACIONAL ILE

Desde la Asociación Civil ABOGADOS POR LA VIDA SANTA FE manifestamos nuestro contundente rechazo al Proyecto de ADHESION AL PROTOCOLO NACIONAL ILE, a tratarse en el día de la fecha en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como Asociación que defiende la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, conformada por profesionales del Derecho, y como ya lo hemos hecho público en anteriores ocasiones, consideramos que dicho Protocolo es violatorio de normas constitucionales, y de tratados internacionales de igual jerarquía, y el derecho interno, que protegen la vida humana desde el inicio de la existencia, y la libertad de conciencia.

En efecto, la Resolución contiene afirmaciones erróneas, haciéndole decir a las normas lo que las mismas no dicen, y tergiversando su contenido, para adaptarlo a concepciones ideológicas y teóricas totalmente ajenas y contrarias al Sistema Jurídico Argentino que, a través de la Constitución Nacional, y los tratados internacionales por ella receptados, el Código Civil y Comercial y el Código Penal, y las Constituciones Provinciales protegen la vida de la persona humana desde la concepción, y el derecho a la objeción de conciencia.

Asimismo, coarta la libertad de los profesionales de la salud, y habla de la existencia de un supuesto “derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo” (eufemismo de Aborto), cuando en realidad el mimo no se encuentra reconocido en nuestro ordenamiento. Establece erróneamente como fundamento de este Protocolo a la Ley N° 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable, que no hace ningún tipo de referencia al aborto, lo cual es lógico en la medida que éste no constituye un método anticonceptivo.

El protocolo comete, del mismo modo, la torpeza de expresar que en la actualidad el aborto no es delito en los casos de violación cuando, el artículo 85 del Código Penal establece que el aborto es un delito sin ningún tipo de distinción y el artículo 86 de dicho cuerpo legal, establece sólo dos casos de no punibilidad de manera taxativa, no abarcando cualquier caso de violación.

Además, la implementación del protocolo por parte del Ministerio de Salud de la Nación, es realmente un sinsentido en la medida que, como órgano del Estado, en lugar de terminar con la vida de personas inocente, y manifestar que el aborto es un “procedimiento sumamente seguro”, debe garantizar el acceso a la salud de los argentinos.

Por todo lo dicho, uniéndonos al sentir de la mayoría del pueblo argentino, instamos a los Señores Legisladores a rechazar la aprobación de esta norma que deviene en ilegal, inconstitucional e ilegítima, pero que, por sobre todo, habilitará la pérdida irreparable de innumerable cantidad de vidas humanas.

Dra. CARLOTA JULIA LÓPEZ - Presidente

Dr. MAXIMILIANO GERMAN DAYER - Secretario

Rosario, 8 de junio de 2020

Declaración en repudio a la resolución Nro. 249548

Los Abogados por la Vida de la Provincia de Santa Fe deseamos manifestar nuestro más absoluto y contundente repudio a la Resolución Expte. Nro. 249548- P2019 de fecha 7 de mayo del corriente año, del Concejo Municipal de Rosario, por la cual se presenta apoyo a la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, que presentará el próximo 28 de Mayo, nuevamente, el llamado Proyecto ILE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) ante la Cámara de Diputados de la Nación, en los siguientes términos:

1- Que las funciones otorgadas por la ley al Concejo Municipal son legislar en materia local, y de ninguna manera intervenir y /u opinar sobre materias que competen, por manda constitucional, a otro poder del Estado. Cuál es el Congreso de la Nación, a quien las Carta Magna le atribuye en forma exclusiva el dictado de las normas penales.

2- Que los miembros del Concejo Municipal fueron electos a los fines de legislar en materia local a través de normas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad. De manera alguna una ley que legalice la matanza de niños por Nacer cumpliría con dicha finalidad.

3- Que los Sres. Concejales, violan el mandato político que les fuera oportunamente otorgado por el pueblo de esta ciudad, ya que, al momento de ser electos, ninguno de ellos manifestó públicamente y de manera clara su postura ante el aborto.

Es por lo aquí manifestado, que no sólo repudiamos dicha Resolución, sino que llamamos a la reflexión a los Sres. Concejales, y les solicitamos dejen sin efecto dicha Resolución, que de ninguna manera expresa el pensamiento y el sentir íntimo de la mayoría del pueblo rosarino.-

Rosario, Mayo de 2019

DECLARACIÓN DE ABOGADOS POR LA VIDA SANTA FE ANTE LA FALTA DE GUARDIA PEDIATRICA EN EL NORTE DE LA PROVINCIA

La Asociación Civil ABOGADOS POR LA VIDA SANTA FE manifiesta su consternación y honda preocupación ante el fallecimiento de una niña de 3 años y medio de edad, producida el domingo 13 de octubre de 2019 en la ciudad de Reconquista. Como es de dominio público, la menor fallece, luego de ser diagnosticada con “neumonía grave”, y por falta de la debida atención, ya que en todo el Norte Santafesino no hay una guardia pediátrica de 24 hora; no existe en los 550Km que separan las capitales de Santa Fe y Chaco.

Resulta lamentable que esta Provincia, conocida a nivel nacional por producir, distribuir y utilizar Misoprostol para terminar con la vida de miles de niños. Y paradójicamente, que sea en Ministerio de Salud el que se ocupe de proporcionar muerte, en vez de asistencia sanitaria, en definitiva salud, para los habitantes de esta provincia. Es por lo expuesto, que esta Asociación, creada con el objetivo de defender la VIDA humana desde la CONCEPCIÓN hasta la MUERTE natural, no solo puede permanecer indiferente ante esta muerte injusta, sino que además insta a las Autoridades Provinciales a realizar las acciones que resulten conducentes para que se garantice en el Norte Santafesino, y en toda la provincia, la prestación de verdadera salud pública.

Del mismo modo, nos sumamos al clamor de todo el pueblo de reconquista y ciudades aledañas para que de manera URGENTE se disponga la apertura de una guardia pediátrica en el Hospital de dicha localidad, disponiendo la presentación de la pertinente nota ante el Ministerio de Salud de la Provincia.

Dra. CARLOTA JULIA LÓPEZ - Presidente

Dr. MAXIMILIANO GERMAN DAYER - Secretario

Rosario, Octubre de 2019

COMUNICADO ABOGADOS POR LA VIDA SANTA FE - DRA. GRAHAM

Abogados por la Vida Santa Fe manifiesta su expresa oposición respecto de la propuesta realizada por la Comisión Bicameral, respecto de la Dra. Marisa Graham, a los efectos de ocupar el cargo de Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Fundamentan nuestro desacuerdo, argumentos de estricto orden jurídico por cuanto el perfil que ostenta la profesional citada, se opone abiertamente al esbozado por el Derecho vigente: Convención sobre los Derechos del Niño, de rango constitucional: Art. 1º, ratificada por Ley Nº 23.849, Art. 2 – Reserva respecto de la citada disposición, Ley Nacional Nº 20.061: Arts. 1º, 3, 18, Art. 37 Inc. c) 47.

La postura ideológica sostenida por la Dra. Marisa Graham, de público conocimiento, quien abiertamente se ha manifestado en favor de la legalización del aborto en Argentina, importa una flagrante contradicción, la que resulta insalvable, respecto de la observancia de los deberes a cargo del Defensor del Niño, en concordancia con lo dispuesto por nuestro plexo normativo, el cual reconoce el Status de Persona desde la concepción, el Derecho a la Vida y su consecuente Derecho a Nacer, tipificando el Delito de Aborto, en contraposición a cualquier forma “legalmente autorizada” de interrupción del embarazo.

En función de lo expuesto, Abogados por la Vida Santa Fe considera que la candidatura debe en justicia, ser ejercida por un profesional idóneo, quien respetuoso de la legislación vigente en nuestro Estado de Derecho, asuma el compromiso de bregar por la protección integral del niño, en todas las etapas de su vida, la cual inicia en el instante de la concepción. Su perfil debe ajustarse al altruismo que requiere la noble función de proteger aquel sector de nuestra sociedad, que en virtud de su minoridad y vulnerabilidad, así lo requieran.

En este sentido, instamos a los legisladores a rechazar la propuesta efectuada por la Comisión Bicameral, respecto de la abogada Marisa Graham.

Defender y acompañar a nuestros niños, asegurando su crecimiento en todas las áreas de la vida, es simiente de nuestro futuro como Nación.

RECORDANDO NUEVO ANIVERSARIO DE UNA DECISIÓN PARA EL OLVIDO: EL FALLO F.A.L.

El derecho a la vida es el derecho natural absoluto de toda persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y en nuestro país resulta garantizado por la Constitución Nacional y los tratados de rango constitucional, por lo que debe prevalecer sobre cualquier otro.

Por consiguiente, las normas que establecen la no punibilidad del aborto en casos específicos, como ocurre con el artículo 86 del Código Penal, son inconstitucionales, ya que no corresponde eximir de pena, por ninguna causa, a quien intencionalmente, y en forma libre, lleva adelante un acto que termina con la vida de otro.

No obstante, lamentablemente, en forma sistemática, el Estado y los particulares algunas veces niegan esta realidad y cumplimentan actos incompatibles con nuestra Carta Magna que afectan la vida. Así ocurrió el 13 de marzo de 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “F.,A.L.” (Fallos 335:197), confirmó una resolución que aceptó el pedido de la madre de una menor de 15 años de edad, de que se le practicara un aborto, argumentando que el embarazo se había gestado en el marco de una violación (de su padrastro) y para evitar un mayor daño psicológico.

La decisión, a nuestro entender, desconoció normas superiores que protegen el derecho a la vida desde la concepción, y la doctrina consolidada de ese tribunal, sin explicar el motivo por el cual se apartaba de la misma. Para así resolver, sin cumplir con el deber de evaluar de oficio la constitucionalidad de la norma que pretendía aplicar, la Corte argumentó que correspondía realizar una “interpretación amplia” del artículo 86 del Código Penal, que establece los casos en los que los abortos, sin dejar de ser delito, no están sujetos a sanción penal, tornándolo aplicable para cualquier caso de violación, con independencia de la capacidad mental de la mujer, dejando entrever de esta manera que, a su entender, existiría compatibilidad entre las normas que consagran el derecho a la vida y el aborto legal.

Según lo consideramos, la sentencia de la Corte no se compadece con las previsiones de nuestro ordenamiento jurídico pues va en contra de la doctrina y la jurisprudencia casi unánime existentes hasta ese momento; y desconoce el principio según el cual siempre se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria... esto es, estar siempre a favor del hombre...” (principio “pro homine”). Asimismo, establece un arbitrario orden de prelación entre derechos humanos y conculca el principio de prohibición de discriminación; afecta la dignidad de la persona; limita el ejercicio del derecho de objeción de conciencia individual, desconoce la objeción de conciencia institucional y que la mayor responsabilidad del Estado es para con sus ciudadanos en el respeto del derecho a la vida con independencia del origen de la concepción; y posibilita la ejecución de otros delitos (casos fabricados), con la no exigencia de la prueba fehaciente en los supuestos en que la mujer dice haber sido víctima de una violación y, al preferir el abuso en el ejercicio del derecho por parte de la mujer violada, obra de manera ingenua sin observar que el abuso se convertirá en la regla y el caso verdadero en la excepción, instando de ese modo el aborto libre.

A su vez, se debe agregar que la resolución desconoce el deber de todo ciudadano de obrar privilegiando el principio según el cual “ante la duda debe estarse a favor de la vida” y da a entender que la solicitud del aborto no tendría tiempo límite, haciendo que el ordenamiento jurídico argentino pase a tener el sistema de aborto libre más permisivo del mundo.

Por todo lo dicho, el fallo no obliga a los demás órganos jurisdiccionales de la Nación desde que, los mismos, pueden apartarse de lo allí dispuesto invocando las razones justificantes que indicamos precedentemente, y de ningún modo puede servir de base para fundar proyectos legislativos tendientes a despenalizar el aborto, o a intentar ampliar los supuestos de no punibilidad y/o implementar protocolos para terminar con la vida de bebés inocentes.

Así las cosas, destacando que no compartimos la idea de “criminalizar a la mujer” en todos los casos, pues las generalizaciones en el caso serían injustas, y que lo que perseguimos es garantizar la protección de la vida del niño por nacer inocente, objetivo que se vería frustrado en el caso en que se despenalizaran las conductas con atentan contra la misma, es claro que todas las propuestas que se están impulsando, tendientes a lograr la expansión de prácticas abortivas, basadas en la doctrina “F.,A.L., son inadmisibles y que avanzar en ese sentido implicaría atentar contra las bases del sistema jurídico de nuestro país, haciendo posible que los derechos de los más inocentes queden totalmente desprotegidos, sin tener en cuenta que la base para lograr una verdadera república es que se adopten todas las medidas necesarias para la protección de las mamás que viven un embarazo vulnerable y sus bebés. Optar por uno de ellos, desatendiendo al otro, sería un error inadmisible en el cual como país no debemos caer, por lo que instamos a las autoridades a cuidar las dos vidas, y hacer lo posible para evitar embarazos no previstos y acompañar a las mujeres que viven momentos difíciles por embarazos vulnerables protegiéndolas de modo irrestricto.

Dra. CARLOTA JULIA LÓPEZ - Presidente

Dr. MAXIMILIANO GERMAN DAYER - Secretario

Rosario, 13 de marzo de 2020

ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO NACIONAL ILE

Desde la Asociación Civil ABOGADOS POR LA VIDA SANTA FE manifestamos nuestro contundente rechazo a la “Resolución 1/2019”, del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, a través de la cual se aprobó el “PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DERECHO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO”, 2da Edición 2019.

Como Asociación que defiende la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, conformada por profesionales del Derecho, consideramos que este Protocolo es violatorio de normas constitucionales, y de tratados internacionales de Derechos Humanos (que tienen jerarquía constitucional), y de derecho interno, que protegen a la persona humana desde el inicio de la existencia, y la libertad de conciencia.

En efecto, la Resolución contiene afirmaciones erróneas, haciéndole decir a las normas lo que las mismas no dicen, y tergiversando su contenido, para adaptarlo a concepciones ideológicas y teóricas totalmente ajenas y contrarias al Sistema Jurídico Argentino que, a través de la Constitución Nacional, y los tratados internacionales por ella receptados, el Código Civil y Comercial y el Código Penal, y las Constituciones Provinciales protegen la vida de la persona humana desde la concepción, y el derecho a la objeción de conciencia. Así, además de coartar la libertad de los médicos, habla de la existencia de un supuesto “derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo (eufemismo de Aborto), cuando en realidad el mimo no se encuentra reconocido en nuestro ordenamiento, y establece como fundamento de este Protocolo a la Ley N° 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable, que no hace ningún tipo de referencia al aborto, lo cual es lógico en la medida que éste no constituye un método anticonceptivo y, al terminar con la vida de un ser humano inocente no, no coadyuva de ninguna manera a la preservación de salud física, mental, emocional ni social de la mujer, y en muchos casos la pone en riesgo.

Asimismo, el protocolo comete, del mismo modo, la torpeza de expresar que en la actualidad el aborto no es delito en los casos en que, a través del mismo, se termina con la vida de una persona gestada en el marco de una violación cuando, el artículo 85 del Código Penal establece que el aborto es un delito sin ningún tipo de distinción y el artículo 86 de dicho cuerpo legal, según el criterio de la CSJN en el conocido caso “F.A.l” (que no compartimos por considerarlo antijurídico y atentatorio contra el orden constitucional), solo establece la eximición de pena para estos casos sin modificar la naturaleza de la conducta delictiva realizada.

Además, la implementación del protocolo por parte del Ministerio de Salud de la Nación, es realmente un sinsentido en la medida que, como órgano del Estado, en lugar de terminar con la vida de personas inocente, y manifestar que el aborto es un “procedimiento sumamente seguro”, cuando todos sabemos que un niño muere al practicarlo, y que son múltiples las consecuencias gravosas para la salud de la mujer, debe garantizar el acceso a la salud de los argentinos.

Por todo lo dicho, instamos a las autoridades, en especial al Sr. Presidente de la Nación, que arbitren los medios para que se proceda a la derogación esta Resolución.

Dra. CARLOTA JULIA LÓPEZ - Presidente

Dr. MAXIMILIANO GERMAN DAYER - Secretario

DECLARACIÓN SOBRE EL MISOPROSTOL

La Asociación Civil ABOGADOS POR LA VIDA SANTA FE, ve con preocupación extrema la noticia publicada en medios periodísticos que dan cuenta de la distribución gratuita del primer lote de producción pública del fármaco misoprostol 200 µg, de uso vaginal y en comprimidos, producido por el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de Santa Fe y que, bajo el supuesto objetivo de implementar políticas de salud pública, en realidad persigue la promoción del aborto como política pública en la provincia de Santa Fe, y que lejos está de atender cuestiones de salud en la medida que no nos encontramos frente a patologías que deban ser atendidas.

Esta iniciativa es impulsada por ciertos sectores radicalizados que pretender garantizar el supuesto derecho absoluto de toda mujer a disponer del propio cuerpo y de, en ese marco, realizar prácticas abortivas, basados en un individualismo extremo que se desentiende absolutamente de las consecuencias sociales de este tipo de iniciativas, y que se contrapone con las normas jurídicas vigentes y con la realidad biológica que se registra en estos casos: lo que en realidad ocurre es que la mujer está disponiendo del cuerpo de otro ser humano quitándole la vida.

De hecho, más allá de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F.A.L.”, a través de una sentencia sumamente objetable que se apartó injustificadamente de la doctrina consolidada que hasta ese momento había mantenido este órgano jurisdiccional, lo cierto es que en nuestro país el artículo 86 del Código Penal, que prevé los supuestos en los cuales, sin dejar de ser un delito, el aborto quedaría exento de pena, es inconstitucional por su oposición a las convenciones contenidas en la Constitución Nacional y los Convenciones Internacionales que, a partir de 1994, han adquirido rango constitucional en virtud de las previsiones del artículo 75, inc. 22 de dicho cuerpo normativo.

Asimismo, destacamos que la iniciativa resulta inconveniente en la medida que pone en riesgo la salud de las mujeres. De hecho, en Francia el laboratorio Pfizer dejó de venderlo a partir del 1 de marzo de 2018 -el Cytotec (misoprostol 200 µg )-, por las alertas sanitarias que ha suscitado, y en España se ha informado que durante la evaluación de los últimos IPS de los medicamentos que contienen misoprostol (indicación ginecológica/inducción del parto) 200 mg, se identificó, que la reacción adversa “taquisistolia uterina” en aquellos que tienen sistema de liberación vaginal.

En este marco, recordando que el aborto en Argentina sigue siendo un DELITO CONTRA LA VIDA, y que no es lícito al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe promover la comisión de delitos, por medio del presente exhortamos a las autoridades a que:

1- Se abstengan de dispensar el fármaco Misoprostol 200 µg con uso abortivo.

2- Rectifiquen el uso indicado en el prospecto del fármaco, prohibiendo el uso para practicar abortos.

3- Dispongan en el plazo de 30 días la implementación de un programa de protección de la mujer embarazada y del niño (hijo) por nacer en especial situación de vulnerabilidad, que contenga prestaciones destinadas a alentar la continuación de los embarazos.

4- Se abstenga de promover la práctica de abortos en los establecimientos públicos de salud, y ordene a todo el personal público de salud la prohibición del uso de misoprostol (bajo cualquier forma farmacéutica).

Dra. CARLOTA JULIA LÓPEZ - Presidente

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